El Gobierno gastó 921 millones en sobresueldos de «productividad» a los funcionarios el año pasado
El Gobierno integrado por el PSOE y Podemos, tira de chequera para no tener descontentos a los funcionarios, asesores y altos cargos. Según los nuevos datos del Ministerio de Hacienda, en 2021 se desembolsaron 921.499.000 euros en «incentivos al rendimiento», es decir, pluses por productividad y gratificaciones que se otorgan discrecionalmente.
Tal como ha comprobado OKDIARIO en el portal de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), inicialmente se habían autorizado créditos por 819 millones de euros para estos sobresueldos. Sin embargo, a cierre de 31 de diciembre se han pagado finalmente 921 millones.
Se trata de un incremento considerable en un año. A pesar de que la sociedad española sufre importantes estrecheces económicas con los precios por las nubes, el Gobierno, lejos de apretarse el cinturón, dispara los emolumentos extras. En 2020 se ejecutaron 898 millones en estos sobresueldos que definen como «incentivos al rendimiento» frente a los 698 millones previstos inicialmente. Año tras año, la cantidad consignada en un primer momento se queda corta.
Estos pluses se reparten entre el personal de los 22 ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto incluye a altos cargos y empleados eventuales (asesores), pero también miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la judicatura y otros estamentos nacionales.
Las cuantías complementarias que deciden los jefes de cada departamento se suman al salario base, productividades, trientos y complementos de destino. Se conoce de manera informal como «la bufanda». La Ley de Función Pública precisa que estos sobresueldos se fijan de forma «subjetiva» e «individual» y su objetivo es recompensar «el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés» de los trabajadores públicos en sus tareas y esfuerzos «de carácter excepcional fuera de la jornada normal».
61 millones para asesores
Por otra parte, el cierre de 2021 refleja que se pagaron 18.373 millones de euros en sueldos, cuya distribución es: 78 millones en altos cargos, 61 en personal eventual (asesores) y 13.499 millones en funcionarios.
También se recogen pagos de 4.891 millones en gastos corrientes de bienes y servicios, 26.752 millones en gastos financieros, 149.799 millones en transferencias corrientes, 6.542 millones en inversiones reales y, entre otros conceptos, 17.072 millones en transferencias de capital.
Por otra parte, llama la atención que en lo que vamos de 2022 el gasto de asesores y altos cargos de los 22 ministerios sigue al alza. En febrero fueron 6.529.000 euros, a pesar de que la inflación marcó récord en 35 años (7,6%). En comparación con el último febrero del Gobierno de Mariano Rajoy, la subida es del 32%.
La oposición no ahorra en críticas ante este despilfarro. Sin embargo, Sánchez siempre ha impedido hacer recortes en sus carteras. El Ejecutivo se excusa de las formas más variadas. Defiende que su organigrama «replica en su composición las grandes prioridades de transformación que precisa la sociedad española» y que por «eficacia y eficiencia» es necesario para acometer su acción de gestión. También alegó precisamente que la actual situación requiere de un Gobierno «robusto» o que la «presión mediática» lo hacía necesario.
En esta línea, el PSOE tumbó recientemente una enmienda a los Presupuestos Generales en la que el PP exigía un recorte drástico de los ministerios y destinar el dinero resultante a frenar los efectos de la crisis económica en las familias y, especialmente, en los niños. Los populares dijeron que el ahorro sería, al menos, de 108 millones únicamente en altos cargos al reducir la estructura del Gobierno a una vicepresidencia y 12 ministerios como máximo.